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| La poca integridad en el discurso político que da el sr. Prendes con el asunto de sus asesores debería hacer pensar a algunos que quizás no es el mejor defensor de ninguna causa. ¿O será que las malas practicas se contagian?.Lne. |
D.S.C.
Roberto Sanz Pinacho, ex director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, dimitió el 9 de mayo de 2006 tras haber sido cazado conduciendo borracho. Su ostracismo duró menos de un mes: el 1 de junio firmó como nuevo empleado del Club de Campo, empresa dependiente del Ayuntamiento de la capital de España. Desde entonces, ha ganado un sueldo de más de 55.000 euros al año pese a no tener experiencia para el cargo.
El ejemplo de Roberto Sanz Pinacho ha servido como excusa para que el suplemento Crónica de El Mundo investigue más a fondo "la dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que la confianza de sus jefes". Entre los ejemplos que identifica el diario, uno de los más llamativos es el de Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD en el Parlamento del Principado de Asturias.
Prendes, cuya formación política siempre ha hecho bandera de la reducción del gasto discrecional y la regeneración política, cuenta con siete empleados a su cargo. En total, su equipo cuesta 237.264 euros a los contribuyentes, después de la contratación de Rubén Pérez, un secretario a media jornada que se embolsa 27.150 euros cada año.
Pero los casos de Roberto Sanz Pinacho y de Ignacio Prendes son solamente algunos ejemplos. Otro caso llamativo es el del Defensor del Pueblo del País Vasco. La oficina del ararteko Íñigo Lamarca cuenta con 32 cargos de confianza, dos más que el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.
El suelo de Lamarca supera el de Mariano Rajoy (80.730 euros frente a los 72.000 que se lleva anualmente el presidente del Gobierno). Igualmente, la mitad de los asesores que tiene a su cargo ganan más que los ministros del Gobierno de España. Los presupuestos para 2013 apenas contemplan un ajuste del 4,2% en la asignación que otorga el Gobierno vasco a esta oficina que, en cualquier caso, supone en sí misma un duplicado del Defensor del Pueblo nacional.