Lne. El equipo de gobierno tapiego aprobó ayer la puesta en marcha de un consejo económico, un ente consultivo que pretende agrupar a los sectores productivos del concejo para dar respuesta a sus necesidades y, entre todos, buscar salidas a la situación de crisis económica. Pese a que todos los grupos ven con buenos ojos la medida, tanto Alternativa por Tapia (APT) como el PSOE votaron en contra en la sesión plenaria celebrada ayer, ya que consideran que el consejo nace con deficiencias al no incorporar a colectivos vecinales, empresas de economía social ni expertos en la vida municipal.
La edil de Alternativa por Tapia, María Antonia Fernández, aseguró que la propuesta aprobada por el equipo de gobierno es «arcaica». La concejala lamentó que «no se haya tenido en cuenta ninguna» de sus propuestas: «Lo único que se hizo fue corregir los gazapos que tenía el documento del Ayuntamiento de Leganés, que fue el que se utilizó». APT también reclamó una mejor definición de las funciones del consejo consultivo que, a su juicio, están expuestas de «modo general». Además, reclamaba que formaran parte del consejo representantes sindicales y asociaciones vecinales, así como todos los ex alcaldes del concejo desde las primeras elecciones democráticas que no estén en la política activa. En este caso, su participación sería en calidad de expertos y conocedores del concejo. «Estábamos a favor del consejo y trabajamos en ello. Es una pena porque estábamos todos de acuerdo en su creación, pero no hay colaboración», reprochó Fernández, que lamentó que no se hayan considerado sus propuestas.
En la misma línea fue la intervención de la portavoz socialista Ana Vigón, quien lamentó que no se hayan tenido en cuenta las empresas de economía social del concejo, caso de la cooperativa Orrio y la Fundación Edes. «Puedo pasar porque no se quiera integrar a los sindicatos o a los políticos, pero no por que no se integre al sector de la economía social, que parece que molesta. Además, sigue habiendo cosas arcaicas en el documento».
Otro de los asuntos controvertidos que se debatieron en la sesión plenaria fue la creación de una tasa por la celebración de matrimonios civiles. El regidor decidió dejar el asunto sobre la mesa a petición de la oposición, que encontró deficiencias en el proceso de creación de la tasa. Tanto PSOE como APT incidieron en la importancia de redactar previamente un estudio económico en el que se justifique la creación de la tasa.
También reclamaron más concrección a la hora de delimitar los lugares en los que se pueden oficiar bodas civiles. En todo caso, el gobierno cree importante establecer esta tasa, pues es uno de los pocos concejos de la comarca que carece de ella. Su propuesta es cobrar 100 euros por cada boda, a excepción de las personas empadronadas en el concejo, a las que se les aplicará una bonificación del 50 por ciento.
En otro orden de cosas, el pleno aprobó por unanimidad la liquidación de las cuentas del año pasado, con un remanente líquido de tesorería de 24.900 euros. También se debatió la propuesta del Principado para la toponimia oficial del concejo, aunque el asunto quedó pendiente para consensuar algunos nombres con los que los grupos no están de acuerdo.
El regidor tapiego cerró ayer el día manteniendo un encuentro con la titular de Bienestar y Vivienda, Esther Díaz, con la que mantuvo su primera entrevista. La Consejera acudió al Occidente para participar en el acto de entrega de unas viviendas de promoción oficial en Navia y por la tarde visitó Tapia. Entre los asuntos abordados se habló de una partida de 50.000 euros que se invertirá para la eliminación de barreras arquitectónicas en las calles del muelle tapiego.