Asturias registra un total de 1.195 ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre, la zona más cercana a las aguas del Cantábrico, y solo 139 tienen licencia. En el tramo posterior que se interna en tierra, la zona de servidumbre, hay 2.179 viviendas irregulares, en las que viven 8.716 personas. Los datos los puso ayer sobre la mesa el PP asturiano, que aseguró que la nueva Ley de Costas servirá para «dotar de seguridad jurídica a esas viviendas» y que pese a que las restricciones anteriores en la materia, establecidas en la ley de 1988, se permitieron este tipo de actuaciones anómalas. El Principado, sin embargo, tiene una opinión muy distinta de la medida recién aprobada, se ha levantado en armas contra ella y ha anunciado que la recurrirá porque conduce a la «degradación del sistema costero».
La nueva legislación, de hecho, confronta en algunos puntos con el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), aprobado en 2005. El objeto de conflicto más importante y en el que existen diferencias más reseñables es la extensión de la zona de servidumbre, sobre la que el Ejecutivo central es más permisivo que el autonómico. La norma que el pasado mayo pasó el Congreso mantiene la limitación de 100 metros establecida hace 25 años y recoge una serie de situaciones que permiten reducirla hasta los 20 metros. Como novedad, introduce que no se podrán realizar nuevas construcciones en esta zona y establece una serie de limitaciones en cuanto al tipo de obras que pueden realizarse. Se pueden hacer reformas y reparaciones pero quedan totalmente prohibidas aquellas que supongan aumentos de tamaño, altura y superficie.
El POLA, sin embargo, es mucho más proteccionista y podría servir para reducir el impacto de la Ley de Costas en el Principado. Aunque cuando chocan dos normas predomina la promulgada por la Administración de mayor entidad, el hecho de que el Principado haya anunciado un recurso al Constitucional demuestra que no tiene intención de ceder en este campo y que tratará de hacer valer la limitación de 500 metros que figura en su plan de especial de protección del litoral. La consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, hizo referencia el pasado miércoles al choque de las competencias de las comunidades y el Estado y resaltó una «injerencia clara e inaceptable» como uno de los motivos principales para iniciar la reclamación en los tribunales. Anunció, además, que su departamento prepara una serie de medidas sobre el suelo no urbanizable para «blindar» la zona costera de aquellas prácticas que, cree el Ejecutivo socialista, pueden resultar lesivas.
Con todo, la Ley de Costas aún asimila algunos cambios casi cuatro meses después de su aprobación. El Ministerio de Medio Ambiente comunicó ayer que se incorporarán al texto una serie recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo. Entre ellas, destacan que la zona marítimo terrestre se defina exclusivamente en base a criterios morfológicos y científicos, que los chiringuitos se desmonten cada año con independencia del plazo de autorización o establecer de forma clara y concisa la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado.
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¿Dónde estaban los grupos supuestamente ecologistas cuando se cometía estas barbaridades?, alguno, ¿se beneficiaba...o alguno de los que estaban en ellos? (no seremos mal pensados).
La Ley en temas urbanísticos, ¿esta para cumplirla?
¿Es correcto legalizar aquello que es ilegal en base, ecológicamente discutible y socialmente antisolidario?
En definitiva, ahora se pondrán parches a lo que no se controlo desde el principio y las responsabilidades brillaran por su ausencia, pero los daños ya están.