En impuestos, tal y como aconseja la Comisión Europea, se suben los impuestos indirectos, se reduce algo la imposición al trabajo y se eliminan las ventajas a la compra de vivienda. Todo estará listo en el próximo Consejo de Ministros y remitido de inmediato al BOE. El IVA pasa del 18 al 21% en el tipo general y del 8 al 10% en el reducido. Se recortan las cotizaciones sociales (un punto este año y otro el que viene). Habrá una subida en los impuestos especiales sobre el tabaco y se elimina la deducción por compra de vivienda. También habrá modificaciones en el Impuesto de Sociedades, aunque no ha aclarado en qué sentido.
En lo que hace referencia al gasto del estado, habrá un nuevo ajuste de 600 millones en el gasto ministerial. Los partidos, sindicatos y patronales verán un nuevo recorte del 20% en las subvenciones que reciben. La Ley de Dependencia también se toca, racionalizando su aplicación. Para los parados, no habrá cambios en los seis primeros meses de desempleo, a partir de ahí habrá un recorte en la prestación y más obligaciones en la búsqueda de un trabajo.
También habrá un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones públicas para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. En principio no afectará a los actuales jubilados, aunque ésta ha sido la parte del discurso de Rajoy en la que ha ofrecido menos detalles. Lo normal es que se acelere la aplicación de la jubilación a los 67 años y la ampliación del período de cálculo de la base (con el consiguiente efecto de reducción de las prestaciones medias).
Capítulo especial dedicó a la reforma de la administración. En lo que toca a las autonomías, habrá hispabonos (deuda conjunta) a cambio de un control estricto de las cuentas de los gobiernos regionales. No se toca el número de los ayuntamientos, pero sí habrá recorte de competencias, más poder para las diputaciones en la prestación de servicios y recorte de empresas y empleados públicos. El número de alcaldes y concejales, así como su sueldo, se fijará por ley desde La Moncloa en función del tamaño de los municipios.
Los empleados públicos soportarán una buena parte del ajuste. Se eliminará la paga de Navidad a funcionarios y altos cargos de las administraciones públicas. Habrá menos días de libre disposición (los moscosos) y el número de liberados sindicales se limitará estrictamente a lo que marca la ley.
También se avanza en materia de liberalizaciones, cuestión fundamental que hasta ahora había pasado de puntillas. Rajoy avanzó que se privatizarán "servicios ferroviarios, portuarios y aeroportuarios", lo que pone a Aena, Renfe y Adif en el punto de mira del Gobierno. También informó de cambios para eliminar las trabas que ponen en peligro la unidad de mercado. El más importante es la habilitación única, para que cuando una administración certifique una empresa y le dé su autorización para operar, ese visto bueno se extienda a todos los organismos públicos.
Eliminación de barreras y posiciones anticompetitivas en el sector de los servicios profesionales y para empresas. Para contribuir a su expansión, se fortalecerá el principio de libertad de acceso y de ejercicio. Aunque no han sido nombrados en el discurso de Rajoy, colectivos como los registradores de la propiedad, ingenieros, notarios, taxistas, farmacias,... podrían ver afectado su actual estatus. Además, previsiblemente los colegios profesionales perderán parte de su control de acceso a la profesión.
