El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha avanzado este viernes que propondrá a la Comisión Europea (CE) que los astilleros queden exentos de la devolución de ayudas concedidas dentro del sistema de "tax lease", unos subsidios declarados incompatibles con la legislación europea.
La decisión será tomada por Bruselas el próximo 17 de julio conforme a la propuesta presentada por Almunia, que considera que "nadie puede exigirles a los astilleros que se subroguen a la devolución de esas ayudas". Durante una intervención en el Foro Nueva Economía, Almunia ha explicado que la devolución tendrá que correr a cargo de los grandes inversores que participaron en la financiación de los buques con ventajas fiscales, así como de los armadores que compraron los buques a un precio inferior al del mercado.
No obstante, ha matizado que serán las autoridades españolas las que tendrán que identificar quiénes tienen que devolver las ayudas y qué cantidades. En cualquier caso, ha insistido en que la devolución recaerá en inversores y compradores, en tanto que "los astilleros están fuera de esa responsabilidad", una carga de la que también estarán eximidos los bancos que financiaron a los astilleros.
Según Almunia, se tendrán que devolver las ayudas recibidas desde 2005 a 2011, momento en que se estableció su ilegalidad y se dejaron de recibir. La fecha de inicio coincide con la apertura de una investigación formal a Francia por este asunto, ya que, a juicio de Almunia, es el momento en que se acaba la inseguridad jurídica que había existido al respecto.
Preguntado por las cláusulas privadas por las que los astilleros asumían la responsabilidad de las ayudas recibidas, ha sido tajante al decir que "el derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato privado o civil que pudiera establecerse entre los actores".
No obstante, ha matizado que serán las autoridades españolas las que tendrán que identificar quiénes tienen que devolver las ayudas y qué cantidades. En cualquier caso, ha insistido en que la devolución recaerá en inversores y compradores, en tanto que "los astilleros están fuera de esa responsabilidad", una carga de la que también estarán eximidos los bancos que financiaron a los astilleros.
Según Almunia, se tendrán que devolver las ayudas recibidas desde 2005 a 2011, momento en que se estableció su ilegalidad y se dejaron de recibir. La fecha de inicio coincide con la apertura de una investigación formal a Francia por este asunto, ya que, a juicio de Almunia, es el momento en que se acaba la inseguridad jurídica que había existido al respecto.
Preguntado por las cláusulas privadas por las que los astilleros asumían la responsabilidad de las ayudas recibidas, ha sido tajante al decir que "el derecho europeo es superior a cualquier tipo de contrato privado o civil que pudiera establecerse entre los actores".
Reacción de los astilleros
Mientras Almunia respondía se ha levantado entre la audiencia el presidente de la patronal de astilleros privados PYMAR, Álvaro Platero, quien ha espetado al comisario europeo que "lo que está haciendo supondrá el cierre inmediato de los 19 astilleros de España y el final de la construcción naval".
La patronal de astilleros privados ha señalado este jueves que la propuesta planteada por Almunia supondrá el fin de la industria española. "Es una auténtica falacia que los astilleros queden exentos de la devolución de ayudas concedidas", ha afirmado la consejera delegada de Pymar, Almudena López. Ha explicado que en los contratos con armadores e inversores se incluyen cláusulas que hacen que se trasladen a los astilleros cualquier cambio o riesgo regulatorio.
La propuesta, que deberá aprobarse en Bruselas el próximo 17 de julio, supondrá el inicio de multitud de pleitos, el bloqueo de pedidos y el fin de un sector que da empleo a 87.000 personas en España en menos de un año, han avanzado desde la patronal.
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Opinión El Nuevo Faro de Tapia. La devolución de estos importes supondrá el recorte brusco del sector astillero español. Centrándonos en el occidente de Asturias, el astillero de Figueras sufriría enormemente con la propuesta decidida por Almunia.
Esta en juego un sector emblemático en la economía española y del occidente de Asturias y sobre todo está en juego cientos de puestos de trabajo en Figueras (vecinos, compañeros, amigos, familia, etc). Las autoridades, partidos, sindicatos españoles deberían hacer un esfuerzo en común y no estar siempre con sus "egoístas batallitas personales y políticas"; el occidente asturiano no puede permitirse perder más puestos de trabajo ni el desmantelamiento de una industria fundamental para el desarrollo y el futuro de nuestra comarca.