Lne, M. CASTRO La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, al frente de la cual está el español Joaquín Almunia, exigirá el reintegro de unos 2.800 millones de euros de ayudas financieras concedidas a la construcción naval en España mediante el sistema conocido como «tax lease», que la CE ha declarado ilegal. Así lo aseguraron ayer fuentes del sector naval español, que han tenido acceso a información de primera mano de Bruselas. La decisión se espera que se haga oficial a lo largo de los próximos días. Este desenlace es especialmente preocupante para Asturias, Galicia y País Vasco, donde se concentra la mayoría de los astilleros privados españoles.
El planteamiento de Bruselas es exigir el reintegro al Estado español de las ayudas del «tax lease» concedidas entre 2005 y el 29 de junio de 2011, cuando las mismas fueron suspendidas al abrir la UE una investigación a raíz de las denuncias presentadas por astilleros de Holanda y Noruega. En ese período se concedió el 96% de las ayudas totales del «tax lease», que empezó a aplicarse en 2002.
El «tax lease» combinaba una amortización acelerada del barco en 3,5 años con los incentivos del régimen fiscal de las navieras, en función del tonelaje de los barcos. Ese doble beneficio fiscal es el que rechazó Bruselas. Se trataba de un sistema complejo, que facilitaba la financiación de los astilleros, a través de inversores con altas bases imponibles en el impuesto de sociedades, interesados en desgravar, entre los que figuran empresas como Zara o El Corte Inglés. Estos inversores constituían una agrupación de interés económico que intermediaba en la compra del barco entre el astillero y el armador. La UE ha argumentado que la decisión que prepara no afectaría a la viabilidad de los astilleros, dado que la obligación de devolver los fondos sería de esos inversores o de las navieras.
Fuentes empresariales del sector consideran que vaya contra quien vaya la resolución de Bruselas, ahogará a la industria naval: «Si la decisión va contra los armadores éstos buscarán otros países donde contratar sus buques. Si va contra los financiadores se hará inviable que el sector disponga de crédito para contratar y seguir construyendo. La Comisión con su decisión crea un clima de inseguridad y espanta a todos los financiadores y armadores», señalan: Las mismas fuentes insisten en que «se dirija contra quien se dirija, el resultado es el mismo: la defunción del sector naval español», a pesar de que Bruselas aceptó a finales del año pasado un nuevo sistema de incentivos fiscales para sustituir el «tax lease».
En total hay 19 astilleros afectados por la decisión. En ellos trabajan unas 87.000 personas, entre mano de obra propia y de la industria auxiliar. Las plantillas de la mayor parte de los astilleros secundaron una jornada de paro la semana pasada, para presionar a Bruselas.
Los empresarios consideran que la UE, al exigir el reintegro de las ayudas, no trata a España por el mismo rasero que a otros países, como Francia, a la que no reclamaron el reintegro las ayudas fiscales que también declararon contrarias a la normativa comunitaria.
«Almunia ha cedido en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda», señalan en el sector, que recuerdan que España también ha denunciado ante la UE las ayudas a los astilleros holandeses.
Otra cuestión a tener en cuenta son los contratos entre armadores, inversores y astilleros, que usualmente incluían cláusulas por las que en caso de reclamación de las ayudas, se haría cargo de ello el astillero. En este sentido, la repercusión de la decisión de Almunia para los astilleros asturianos será dispar. El que más ha recurrido al «tax lease» en su contratación es Gondán. En cuanto al grupo Armón, se verá afectado por el uso del «tax lease» en sus factorías gallegas, en especial el astillero de Vigo. Sus astilleros asturianos no se verán lastrados por esta decisión. El de Navia está especializado en buques demasiado pequeños para haberlo aplicado. En cuanto a Armón Gijón, la compañía se hizo con el astillero en un proceso concursal, sin sucesión de la empresa anterior, que sí contrató barcos con «tax lease».
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¿Dónde están los sindicatos defendiendo a los trabajadores?
¿Dónde está IU Asturias que tanto dice preocuparle las empresas del occidente?
¿Qué hará el gobierno español para evitar esta devolución que ocasionará más paro?